«Los bloqueos afectan exclusivamente a direcciones IP utilizadas para la retransmisión ilícita.» Esa es, resumida, la posición oficial que se repite cada vez que en España se cae media internet un sábado por la tarde.
Vamos a ver qué hay debajo de esa frase, porque debajo hay un mecanismo que debería estar en portada y no está en ninguna.
Quién decide y quién ejecuta
En diciembre de 2024, un juzgado de lo mercantil de Barcelona autorizó a LaLiga a bloquear direcciones IP usadas para emitir partidos sin derechos. Hasta ahí, una resolución judicial normal contra la piratería.
Lo que no es normal es el formato. La autorización es dinámica: LaLiga elabora la lista de direcciones a bloquear, la envía a las operadoras —Movistar, el grupo MasOrange, Vodafone y DIGI— y las operadoras la ejecutan. Se actualiza semanalmente. No hay un procedimiento judicial por cada dirección nueva.
Traducido: una empresa privada confecciona la lista de lo que no se puede ver en España, y cuatro empresas privadas la aplican sobre toda la población. El juez autorizó el sistema, no revisa cada entrada de la lista.
Léelo otra vez y dime en qué otro sector aceptaríamos ese esquema.
El truco está en la palabra «exclusivamente»
Aquí es donde la frase oficial se cae sola, y no hace falta ser técnico para verlo.
En los servicios que se bloquean, una misma dirección IP la comparten miles de webs distintas. No es un domicilio, es un edificio. Bloquear la dirección no apaga a la web pirata: apaga a todos los que están dentro.
Dentro hay tiendas online en plena venta de fin de semana, pasarelas de pago, herramientas de trabajo, blogs, consultas médicas privadas y webs de restaurantes. Todos legales. Todos con el mismo pecado: haber contratado el mismo servicio de internet que alguien que emitía un partido.
De hecho, cuando se pidió la nulidad de la sentencia, entre quienes se personaron había un blog de viajes sobre Japón y varias consultoras. No exactamente el retrato del pirata audiovisual.
Así que la frase «afecta exclusivamente a las IP utilizadas para la retransmisión ilícita» es técnicamente cierta y prácticamente falsa, que es la definición de manejo del lenguaje. Sí, se bloquean solo esas direcciones. Y en esas direcciones vive muchísima gente más.
El daño que no se cuenta
Aquí viene la parte que más me molesta del tratamiento mediático, y es lo que no aparece.
Cuando cae un servicio grande —una nube, una operadora, un banco— hay teletipo, hay directo y hay contador de horas. Cuando lo que cae son miles de webs pequeñas, cada una con su facturación de fin de semana, no hay nada. Porque no hay un afectado grande que dé la rueda de prensa.
El pequeño comerciante que ve su tienda caída un sábado por la tarde no sabe ni a quién llamar. Llama a su desarrollador, que no encuentra el problema porque el servidor está perfectamente. Llama a su hosting, que le dice que desde fuera de España se ve bien. Y a las dos horas vuelve a funcionar solo, así que nadie llega a saber qué pasó.
Ese es el bloqueo perfecto: intermitente, sin notificación, sin registro público y sin víctima identificable que pueda salir en el telediario.
Lo que dicen los que sí tienen abogados
Cloudflare, la empresa cuyas direcciones se bloquean, no se ha quedado quieta. Ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional junto con una asociación de seguridad informática, y ha presentado queja ante el representante de comercio de Estados Unidos, donde describe el sistema español como una barrera al comercio digital.
Del lado contrario también hay movimiento: en mayo de 2026, un juzgado de Córdoba rechazó imponer multas coercitivas a una empresa de VPN por no aplicar los bloqueos. Lo cual da idea de hasta dónde se pretendía extender el mecanismo.
Mientras tanto, la autorización sigue vigente y, según la propia sentencia, seguirá hasta el final de la temporada 2026/2027.
Veredicto
El problema no es que se persiga la piratería, que es legítimo. El problema es el método: una lista privada, sin control caso por caso, ejecutada sobre toda la población, que apaga negocios legales cada fin de semana sin avisar a nadie y sin que exista una vía sencilla para reclamar.
Y el problema de fondo, el que nos toca a los que contamos cosas: que un apagón que dura años, se repite cada semana y afecta a miles de negocios se cuente como una anécdota de aficionados al fútbol, cuando es una historia sobre quién tiene la llave del interruptor.
