«Estos son los medios que cobran del Gobierno». Debajo, una tabla con logotipos, una columna de euros y ni una sola fecha.
Ese pantallazo vuelve cada pocos meses. Cambia el color de la plantilla y poco más. Lo comparten miles de personas convencidas de haber descubierto algo, y no lo han abierto ni tres.
Lo divertido del asunto: el dato existe, es público y es consultable. Está mucho peor contado en el pantallazo que en el original.
La primera puñalada: esa tabla no es una fuente
Una cifra sin año no vale nada. Una cifra sin organismo emisor tampoco. Y una cifra que suma en la misma columna publicidad institucional, subvenciones, convenios de colaboración y anuncios de una empresa pública es una cifra manipulada por construcción, aunque quien la hizo no tuviera mala intención.
Se llama agregación tramposa. Metes cosas distintas en el mismo saco, el número engorda, el titular se escribe solo.
Y hay una segunda técnica ahí dentro: la comparación sin denominador. Un medio con dos millones de lectores cobra más que uno con veinte mil por la misma razón por la que un anuncio en prime time cuesta más que uno a las cuatro de la mañana. Poner las dos cifras juntas, sin audiencia al lado, no informa de nada.
Dónde está el dato de verdad
La Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional obliga a la Administración General del Estado a aprobar cada año un plan de publicidad institucional y a rendir después un informe de lo ejecutado. No es un favor ni una filtración: es una obligación legal desde hace dos décadas.
Esa misma ley prohíbe expresamente las campañas que tengan como finalidad destacar los logros de gestión del gobierno de turno. Léela entera, que es corta, y luego mira algunos anuncios institucionales de los últimos años con esa frase en la cabeza.
Los planes e informes se publican en el Portal de Transparencia. Los contratos, uno a uno, con objeto, importe y adjudicatario, están en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las comunidades autónomas tienen sus propios portales y varias tienen además su propia ley de publicidad institucional con su propio registro.
Los ayuntamientos y las diputaciones son el agujero negro. La Ley 19/2013 de transparencia les obliga a publicar sus contratos, incluidos los menores. Cumplen con un entusiasmo desigual, en formatos que van del PDF escaneado al PDF escaneado torcido.
Cómo se lee sin hacer el ridículo
Cuatro cosas que tienes que mirar antes de indignarte:
- Nivel de desglose. Comprueba si el informe baja a soporte concreto o se queda en «prensa», «radio», «exterior». Si se queda en el agregado, cualquier reparto por cabecera que te enseñen viene de otro sitio, y ese otro sitio hay que citarlo.
- Perímetro. El plan estatal no cubre todo el dinero público que llega a los medios. Sociedades mercantiles estatales, entes públicos y organismos con presupuesto propio anuncian por su cuenta. Sumar solo el plan te da de menos; sumar todo sin decirlo te da de más.
- Denominador. Al lado del euro, la audiencia. Difusión auditada, datos del EGM, medición digital. Sin eso no hay proporción posible.
- Procedimiento. No es lo mismo un concurso abierto que una sucesión de contratos menores. En servicios, el contrato menor tiene un techo de 15.000 euros, y el fraccionamiento de un contrato grande en varios pequeños para esquivar la licitación está prohibido.
Y si el desglose que buscas no aparece publicado, lo pides. Cualquiera puede presentar una solicitud de acceso a la información pública. La Administración tiene un mes para contestar, el silencio se entiende como negativa y contra esa negativa se reclama ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Gratis. Sin abogado.
Qué demuestra una adjudicación gorda
Que ese medio ha recibido dinero público por publicar anuncios. Eso demuestra. Ni una coma más.
No demuestra que su línea editorial esté comprada. Para sostener eso hace falta enseñar la pieza concreta, el momento concreto y el giro concreto, y aun así te quedas en el indicio. Quien salta directamente del importe a la acusación está haciendo el mismo trabajo sucio que dice combatir.
Ahora bien, hay patrones que sí obligan a preguntar, y preguntar no es acusar:
- Medios sin difusión auditada ni audiencia medible que aparecen año tras año en el reparto.
- Adjudicaciones repetidas al mismo proveedor justo por debajo del umbral del contrato menor.
- Concentración de campañas en los meses previos a unas elecciones, cuando la ley acota lo que se puede comunicar en periodo electoral.
- Cabeceras nuevas, sin trayectoria, que debutan con una adjudicación de cinco cifras.
Ninguno de esos cuatro puntos es una sentencia. Los cuatro son una pregunta legítima que un periodista debería estar haciendo y que, casualmente, casi nadie hace sobre su propio empleador.
Yo no te voy a soltar aquí una cifra global de memoria para que la compartas. Si la escribo, tienes que poder abrirla y comprobarla, y las cifras de este asunto cambian de año, de organismo y de perímetro. Ese es exactamente el motivo por el que el pantallazo viral funciona tan bien: nadie va a comprobar nada.
Ábrelo tú. Coge un solo año, un solo ministerio, un solo informe. Tardas veinte minutos y sales sabiendo más que el 99% de la gente que retuitea la tabla.
El dinero está publicado, el escándalo está sin hacer y el pantallazo que compartiste no era ninguna de las dos cosas.
